En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la carga impositiva efectiva sobre beneficios se ha convertido en un factor determinante para la viabilidad y el crecimiento de las compañías. España, con una dependencia fiscal que supera con creces el promedio de la OCDE y la Unión Europea, afronta el reto de equilibrar la recaudación pública con el impulso al tejido productivo.
Según datos recientes, el sector empresarial aporta el 48,8% de la recaudación total en España, situándose muy por encima del 37,8% de la OCDE y el 39,4% de la UE. Esta situación genera debate sobre las consecuencias de los impuestos de sociedades y las cotizaciones sociales en la rentabilidad y la capacidad de inversión de pymes y grandes grupos.
Las pymes españolas muestran indicadores de rentabilidad inferiores a sus homólogas en Europa. Esta brecha en la eficiencia operativa limita tanto la generación de empleo como la capacidad de reinversión.
Estos datos evidencian una oportunidad clara de mejora si se adoptan medidas fiscales que favorezcan la competitividad y la reinversión de beneficios.
Las pymes, en particular, soportan una presión laboral y fiscal proporcionalmente más alta que las grandes empresas. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entre 2017 y 2022 alcanzó el 41,3%, el mayor de los países desarrollados de Europa, lo que encarece el coste laboral.
Estos factores suponen principales frenos al crecimiento y obligan a las empresas a adoptar estrategias de ajuste y eficiencia.
La relación inversa entre la tasa del Impuesto de Sociedades (IS) y la inversión empresarial está ampliamente documentada. Estudios demuestran que una reducción en la carga del IS puede traducirse en:
No obstante, la complejidad del entorno macroeconómico y los incentivos fiscales existentes dificultan establecer conclusiones definitivas. Las grandes empresas consiguen reducir su tipo efectivo al entorno del 7%, mientras que las pymes no estructuradas soportan un 17,7% sobre beneficios.
Para mejorar la rentabilidad empresarial y aprovechar las oportunidades de optimización fiscal, las empresas pueden implementar diversas medidas:
Por su parte, las administraciones públicas pueden promover reformas que reajusten los tipos efectivos y simplifiquen la complejidad fiscal, incentivando la creación de empleo y la atracción de proyectos internacionales.
Si España alcanzara la misma composición empresarial que la media europea, se generarían 1,3 millones de empleos, un aumento del PIB del 5,5% y un incremento de la recaudación de 22.000 millones de euros. Este escenario requiere un esfuerzo conjunto de empresas y Gobierno para diseñar un sistema fiscal equilibrado y competitivo.
La clave reside en optimizar los incentivos, alinear la presión fiscal con la capacidad de reinversión y mantener un diálogo permanente entre los agentes implicados. Solo así será posible reforzar la rentabilidad, la productividad y la empleabilidad, fomentando un crecimiento económico sostenible y duradero.
Referencias
